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| Andrés Manuel en un mitin en San Cristóbal, el pasado fin de semana. |
Andrés Manuel López Obrador calificó como acto “inhumano” la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar la evaluación docente en México.
“Es inhumano, porque es tratar a los maestros como delincuentes. Es no darles ninguna oportunidad. Si alguien no está apto para una evaluación y tiene deseos de superarse tiene derecho a una oportunidad, pero no a perder su trabajo. Eso es totalmente violatorio de los derechos humanos”, afirmó el líder máximo de Morena.
Insistió en que la SCJN está al servicio de la “mafia del poder, siempre lo he dicho pero además así lo demuestran sus decisiones. Todas sus resoluciones van a favor del poder ejecutivo, de los potentados y siempre en contra de los demandantes de justicia”.
Durante su gira por Chiapas, en la que visitó San Cristóbal de la Casa, el dirigente de Morena acusó a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de aparentar ser radicales, pero, dijo, negocian con el gobierno.
“Yo lo único que puedo decir es que los maestros deben replantear su estrategia de lucha, porque han estado confiando demasiado en el régimen, aparentemente son muy radicales, pero negocian con el subsecretario de Gobernación (Luis Miranda Nava), quien es un corrupto, trácala, falso y los ha engañado muchas veces”, aseveró López Obrador.
Este caso lo comparó con lo que ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricista, quienes, señaló, “confiaron en (Felipe) Calderón y les dieron palo. Los trataron de manera injusta y ahora sucede algo igual”.
Además, el líder de Morena, aseguró que su partido es el único que defiende a los integrantes del magisterio y aseguro que dicho órgano político demandará siempre que se cancele la Reforma Educativa, la cual estipula la evaluación magisterial para poder mantener la plaza laboral.
Hace cinco día, por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló y declaró constitucional la evaluación magisterial. Esto ocurrió luego de que la Suprema Corte revisó el primer amparo promovido por maestros sindicalizados quienes argumentaban que estos exámenes les vulneraba sus derechos humanos.
Los 11 ministros que integran el tribunal constitucional aprobaron el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, el cual declaraba que el sistema de evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción de los docentes estaba apeado a la Constitución y se concluyó que la Carta Magna privilegia el interés superior de los menores y el derecho a una educación de calidad.
Con información de La Razón
