Según un estudio de FUNDAR A.C.
Morelos incrementó su gasto en publicidad 173% del 2012 al 2013, colocándose
así en el cuarto lugar a nivel nacional.
Por Jesús Castillo García
El desprecio a los medios de comunicación locales que siempre ha
caracterizado al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, se tornó
más evidente en las últimas semanas a partir de que “se destapó” como aspirante
a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática.
Los analistas de la política nacional no le conceden ninguna
posibilidad. De hecho, una encuesta de la empresa Mitofsky lo ubica en el
penúltimo lugar de las preferencias entre 15 “presidenciables”. Lo que se
percibe es que –como lo ha venido haciendo a lo largo de su carrera política-
Graco busca “hacer ruido” para después buscar una negociación con los que sí
tienen posibilidades reales. La otra hipótesis es que ha sido contratado por el
PRD, o incluso el PRI, para atacar a Andrés Manuel López Obrador, quien
encabeza la encuesta ya mencionada de Mitofsky.
El hecho es que esa estrategia mediática tendrá como consecuencia que
el dinero que el gobierno de Morelos podría gastarse en la difusión
institucional en medios modestos de esta entidad, lo enfocará hacia los grandes
consorcios de televisión, radio y prensa escrita que le garanticen su presencia
en los escenarios de alto rango.
PARA LOS LOCALES, CENSURA Y
REGATEO
El desprecio de Graco Ramírez hacia los medios morelenses es de todos
conocido y lo refrenda a cada momento. A partir de que asumió el cargo de
gobernador descartó las entrevistas “banqueteras” y no concede entrevistas a
ningún medio local. Implementó “la conferencia de prensa de los lunes” donde el
mandatario contestaba todo tipo de preguntas pero siempre terminaba enojado por
los cuestionamientos y echando a perder lo que sus asesores llamaban “la nota
del día”.
Así, sus asesores y él
coincidieron en que lo mejor era una “conferencia de prensa” sin opción a
preguntas. Desde entonces, cada lunes se da la misma escena: el secretario de
comunicación social, Jorge López Flores, anuncia al gobernador, éste sale, lee
un documento e inmediatamente después se retira. Cuando alguien se atreve a
cuestionarlo Graco lo deja con la palabra en la boca ante la mirada inquisidora
de quien firma los cheques de publicidad oficial.
Y es precisamente en el “ahorcamiento” financiero donde Graco y su jefe
de prensa han encontrado la mejor forma de deshacerse de medios “incómodos”, o
por lo menos tenerlos dominados.
En los casos de aquellos medios que compran tiempo aire en radio o
televisión, el método ha sido negociar con las grandes empresas y no con los
periodistas.
Tal es el caso de varios programas de televisión que le compraban
tiempo aire a la empresa Cablemás. A su llegada, Graco Ramírez negoció con la
televisora una “limpia” de programas. Noticieros críticos como “En serio” y
“Quien Resulte Responsable” fueron obligados a emigrar a otros canales de menor
audiencia.
Al noticiero radiofónico “Metrópoli” que le compraba tiempo aire a la
radiodifusora “La Super Z”, le fue rescindido el contrato bajo el argumento de
que habría una reestructuración de la empresa, aunque trascendió que el
gobierno estaba muy molesto por las críticas de los periodistas Alberto Millán
y Jaime Luis Brito. Tras un mes fuera del aire,
“Metrópoli” anunció su regreso ahora en una estación de Radiorama, pero
repentinamente recibieron la notificación por parte de la radiodifusora de que
ya no les venderían tiempo aire, sin ninguna explicación de por medio.
A los periódicos locales El Regional del Sur y La Jornada Morelos le
fueron suspendidos sus convenios de publicidad en cuanto comenzaron a criticar
al mandatario.
En otros casos la contratación de publicidad se realizó sin
más criterio que la voluntad del secretario de Información y Comunicación,
Jorge López Flores. Mientras que a la empresa Televisa le autorizó facturas por
casi 18 millones de pesos durante el 2013, a su competencia TV Azteca le pagó
16 millones en 2013 pero a partir de diciembre de ese año está en la
“congeladora”.
Desde su llegada, y a pesar de que en febrero del 2015 se anunció un
recorte al presupuesto de difusión, Graco Ramírez y Jorge López Flores le
mantienen convenios al Grupo Braca (donde éste último se desempeñaba como vicepresidente)
por 18 millones anuales para el Diario de Morelos, 13 millones para el Diario
de México, 12 millones para una supuesta edición en Estados Unidos y alrededor
de 10 millones para cada una de las dos estaciones de Radio que maneja el mismo
grupo.
De acuerdo a una solicitud de información pública realizada por este
reportero, durante el 2013 Grupo Braca recibió un total de 66 millones 720 mil
pesos.
En cambio, a La Unión de Morelos le cancelaron su convenio de
publicidad en agosto pasado, lo mismo que a la radiodifusora Radiológico.
A pesar de que apenas tiene unos meses de estar circulando, el
periódico Morelos Habla, propiedad del empresario poblano Armando Prida
Noriega, ya fue beneficiado con un convenio que oscila el millón de pesos al
mes.
De la misma forma, el que fuera empleado de Jorge López Flores en “La
Comadre”, el operador José Gabriel Hernández Vázquez, sigue cobrando cada mes
la cantidad de 290 mil pesos por “diseño, producción y manejo de imagen en
internet” desde su modesta oficina en la colonia Miguel Hidalgo de Cuautla.
TODO PARA LOS MEDIOS NACIONALES
La bonanza para los medios en Morelos fue el 2013. Ese año, de acuerdo
al Índice de Acceso en Gasto a Publicidad Oficial realizado por el organismo
denominado FUNDAR, el Gobierno de Morelos tuvo gastó un total de 440 millones
de pesos en publicidad oficial, 173 por ciento más que en el 2012 (cuando
todavía gobernó hasta octubre Marco Adame).
En este rubro (pago a medios), Morelos quedó solamente debajo de
Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. La cifra resulta escandalosa si se compara el
territorio, la población y, sobre todo, el nivel de desarrollo económico de los
estados con los que nuestra entidad comparte el campeonato de los gobiernos que
más gastan en imagen.
Lo peor de todo es que la mayor parte de ese dinero no se queda en el
estado, sino que se va, principalmente, a la capital del país, donde despachan
los medios más influyentes.
Y cuando Graco Ramírez dijo que recortaría el presupuesto de
Comunicación Social, no explicó que ese recorte no incluía a sus “consentidos”
ni a los medios que le sirvan para su nuevo proyecto en busca de la candidatura
presidencial.
Así lo demuestran copias de facturas en poder de este medio de
comunicación, mismas que contradicen también su famoso “twit” en el que asegura
no pagar para recibir halagos y de pasada también exhiben su “transparencia
simulada” que ha venido practicando desde que asumió el gobierno.
La información sobre los gastos de difusión está considerada como “de
oficio” en la Ley de Transparencia, lo que significa que debe ser subida a la
página oficial del Gobierno del Estado en un plazo máximo de tres meses.
Sin embargo, la cuenta correspondiente al mes de diciembre del 2014 no
fue entregada por la Secretaría de Hacienda hasta que hubo una solicitud formal
de quien esto escribe.
Al parecer, lo que no querían que se supiera es precisamente la
inequidad con que se está manejando la distribución de la partida presupuestal
asignada a difusión gubernamental, y que no se indagara tampoco sobre los
nombres de diversas empresas, todas ellas con sede en el Distrito Federal,
cuyos servicios no está claro de qué se trata.
Por ejemplo, Adsocial S.A. de C.V. es una empresa de mercadotecnia
digital. “Combinan las herramientas más avanzadas del mercado con creatividad.
Sus servicios incluyen gestión de redes sociales, campañas de publicidad
online, creación de contenido, medios digitales móviles, programación,
monitoreo de imagen y reputación online”, dice un boletín de la Cámara de
Comercio Franco Mexicana. Aparece como proveedor del Gobierno estatal con
ingresos por 109 mil pesos mensuales.
Otro proveedor es Carlos Salomón y Asociados, empresa que cobró 400 mil
pesos por servicios de “Lobbying” (Cabildeo).
Ambas compañías tienen su domicilio fiscal en el Distrito Federal.
Una factura que llama la atención es la que se le pagó en enero pasado
a la empresa Marinor Publicidad S.A. de C.V., también del Distrito Federal, ya
que el monto fue de cinco millones 684 pesos.
La factura, en poder de este medio de comunicación, enumera un total de
11 servicios, por ejemplo:
“Análisis del flujo informativo en Radio, Televisión y Prensa escrita
sobre el Gobierno del Estado de Morelos para crear propuestas 2015”. Costo: 725
mil pesos.
“Reporte de segmentación de los temas de preocupación y/o interés a los
diversos sectores sociales y regiones del Estado de Morelos y propuestas de
manejo informativo y estrategia de comunicación”. Costo: 655 mil pesos.
“Implementación de Grupos de Enfoque para analizar el impacto de las
campañas mediáticas y de difusión de la Secretaría de Información y
Comunicación del Gobierno del Estado de Morelos”. Costo: 520 mil pesos.
Cabe aclarar que la Secretaría
de Información y Comunicación Social del Gobierno de Morelos cuenta con áreas
especializadas y servidores públicos que se supone dominan esas tareas, o por
lo menos cobran como si supieran hacerlo.
La factura en comento también
sugiere que a través de esta empresa se pagaron “menciones” (favorables
obviamente) en columnas y noticieros nacionales.
Aunque la Secretaría de Hacienda no dudó en proporcionar copia simple
de la factura pagada a Marinor S.A. de C.V., la Secretaría de Comunicación
Social se negó a proporcionar copia del contrato que ampara dicho pago, por lo
que se interpuso el recurso de inconformidad correspondiente ante el Instituto
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Así, mientras en Morelos los medios de comunicación locales luchan por
permanecer, en Palacio de Gobierno se siguen tramitando cheques para Reforma,
El Universal, Milenio, La Crónica y
demás empresas foráneas, para satisfacer un capricho del gobernador al que un
día se le ocurrió que podría ser aspirante a la presidencia de la República.
Tomado de Periodismo sin censura