Ciudad de México, 26 de agosto de 2016.- Los chantajes y presiones de Pedro Topete Vargas contra el gobierno federal, no le funcionaron al dueño de Infraiber para retener la concesión del tren Chiapas-Mayab que adquirió en 2008 en una operación plagada de irregularidades.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer este martes el decreto por el que se quitó la licencia al empresario que es buscado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) e investigado por la PGR por acusaciones de extorsión, espionaje telefónico y lavado de dinero.
Causas de seguridad nacional, interés público y utilidad pública, son señaladas en la disposición que publicó la SCT en el Diario Oficial de la Federación, como las circunstancias principales del retiro de la concesión.
La licencia del tren Chiapas-Mayab, conocido popularmente como La Bestia, estaba en manos de la empresa Viabilis Holding, desde 2008, cuando compró a la empresa norteamericana Genesee & Wyoming Inc., la Compañía Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A. de C.V., que originalmente poseía la concesión.
La experiencia de Viabilis Holding y su propietario, Pedro Topete, es en el ramo de la construcción; pese a ello, incursionaron en el negocio ferroviario sin conocerlo y sin la capacidad financiera que éste exige.
Por la manera en la que Topete Vargas se hizo de la concesión del tren La Bestia, la prensa especializada calificó la incursión de Viabilis Holding a la actividad ferroviaria como “otro negociazo” del dueño de Infraiber.
El primero, informaron medios de comunicación como la revista Impacto, fue el que él y su socio Paulo Diez Gargari, armaron con ayuda de funcionarios corruptos, en el Estado de México.
A través de la compañía Infraiber Tecnología Aplicada S.A de C.V., Díez Gargari y su socio Pedro Topete, recibieron en asignación directa un contrato por 4 mil millones de pesos para auditar el paso de vehículos por las autopistas mexiquenses. Pero se los cancelaron en el gobierno de Eruviel Avila al descubrirse las irregularidades de las que estaba plagado.
El otro jugosio negocio que pretendieron hacer con apoyo siempre de la corrupción gubernamental, fue la concesión de la ruta Chiapas-Mayab, de más de 1,500 kilómetros, por la que anualmente viajan cientos de miles de indocumentados centroamericanos.
La vía fue concesionada en 1999, por un periodo de 30 años, a la compañía norteamericana Genesee & Wyoming, quien la operó regularmente hasta 2004, a través de una sociedad anónima que creó en México bajo el nombre de Compañía Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A de C.V.
En 2005, resultado de los daños que causó en las vías y puentes, el huracán “Stan”, la empresa limitó sus operaciones al uso de una sola ruta, conocida como la línea “K”, que va solo de Tapachula a Tonalá, y viceversa, en Chiapas.
El gobierno federal ofreció a Genesee & Wyoming apoyar en la reconstrucción de las vías y ampliar la ruta con acceso directo a las terminales de Pajaritos y Coatzacoalcos, en Veracruz; aumentar el tráfico de combustóleo, diésel y gasolina por parte de CFE y Pemex, así como apoyo fiscal para los años 2007 y 2008.
Pese a toda esa ayuda, en junio de 2007 la empresa norteamericana informó a la SCT que renunciaba a la concesión y que iniciaría el proceso de liquidación de Compañía.
La SCT no aceptó la renuncia de la compañía y le notificó que debía continuar operando la ruta con todas las responsabilidades legales que implicaba; pero la norteamericana Genesee & Wyoming, mantuvo su decisión por lo que la dependencia federal le embargó los bienes y nombró depositaria de los mismos a Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), quien hasta la fecha opera la vía.
Pedro Topete irrumpió en la escena con Viabilis Holding, con una oferta de compra a Genesee & Wyoming para adquirir Compañía Ferrocarriles Chiapas-Mayab S.A de C.V.
De acuerdo con reportes de prensa, el empresario había sido informado por funcionarios de la administración calderonista de la difícil situación financiera por la que pasaba la compañía norteamericana y de la gran oportunidad de negocio que significaba comprar la concesionaria que aún poseía permiso para operar la ruta ferroviaria.
Ayudado por los ex titulares de la SCT Dionisio Pérez-Jácome Friscione y Juan Molinar Horcasitas, entre otros funcionarios de la administración del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, que violaron un sinnúmero de disposiciones legales, como la que precisa que las concesiones del Estado Mexicano son intransferibles, Topete Vargas pudo hacerse de La Bestia y la licencia para su usufructo.
Entre los beneficios que recibió Topete Vargas de sus amigos funcionarios calderonistas, están los acuerdos oficiales en los que se reconoció la compra de la concesión, el haberlo eximido de invertir en el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la ampliación de la licencia de 30 a 50 años, entre otras subvenciones.
En un amplio reportaje que publicó Impacto, La revista en su edición del 8 de mayo, Gerardo Sánchez Henkel, encargado del área jurídica de la SCT, es señalado como el funcionario que “operó como el facilitador de las gestiones de Topete Vargas y de Paulo Díez en la SCT, para recuperar una empresa saneada con recursos públicos”.
El medio de comunicación, destacó que “la ampliación de la concesión fue una de las últimas grandes decisiones del gobierno calderonista; se firmó en las oficinas de Pérez Jácome unos cuantos días antes de la conclusión del gobierno anterior, y confirmó el modelo de negocio que caracteriza las operaciones de Pedro Topete con el mundo gubernamental: Sin licitación, opacidad de por medio y asignaciones que ocurren en los últimos días del sexenio”.
