Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron al Congreso que este mando civil sea temporal y que bajo su acción se "garantice la soberanía de las entidades para mantener el mando de la seguridad pública a nivel local"
Ciudad de México, 10 de enero de 2019.- Durante la primera audiencia en la Cámara de Diputados para abordar las reformas con miras al debate legislativo sobre el nuevo cuerpo de seguridad, los gobernadores de Guerrero, Campeche, Colima, Querétaro, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Jalisco, Tamaulipas, Oaxaca y Durango dieron su aval, bajo ciertas condiciones.
Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidieron al Congreso que este mando civil sea temporal y que bajo su acción se "garantice la soberanía de las entidades para mantener el mando de la seguridad pública a nivel local". Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, señaló que ese órgano debe estar regulado por el sistema nacional de seguridad pública, por un mando civil, pese a que reconoció el valor de la labor de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se manifestó en contra de la propuesta al señalar que “el modelo no es entregar en la desesperación el control de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas”. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que la Guardia Nacional debe ser el cuerpo que medie entre las tareas que realizan policías locales y Fuerzas Armadas, es decir, encargarse de la seguridad en instalaciones y zonas estratégicas.
De esta forma se avanza hacia la aprobación de la Guardia Nacional, proyecto que requiere de la modificación de 13 artículos de la Constitución, mientras que decenas de organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación a estas medidas, la administración de López Obrador parece llevar prisa por aprobar que las fuerzas militares estén en el territorio nacional. De esta manera complementaría con éxito los planes que no pudieron llevar a cabo los gobiernos del panista Calderón y del priísta Peña Nieto, con su política de hacerle de "guerra contra el narco".
Esta política de “seguridad nacional” es repudiable por las graves violaciones a los derechos humanos que permanecen en total impunidad, que, lejos de frenar al crimen organizado y el narcotráfico, han aumentado la violencia exponencialmente, dejando cifras de desaparecidos que superan las de las últimas dictaduras militares en América Latina.
Con información de La Izquierda Diario.
