México, DF. A casi una semana de que se lleven a cabo las elecciones federales y estatales, organizaciones civiles y ciudadanas hicieron una llamado a las autoridades electorales para que el próximo 7 de junio no existan barreras físicas, materiales, tecnológicas, burocráticas y, sobre todo, culturales que pueden evitar o limitar que las personas con discapacidad puedan sufragar.
En conferencia de prensa, indicaron que de los 82 millones de electores empadronados, en promedio 6 millones 96 mil personas con discapacidad podrán ejercer sus derechos políticos. Esto sin considerar un posible aumento del 5 por ciento de los jóvenes que están entre los 18 y 29 años.
Regina Santiago, presidenta del Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios (Omcim) señaló que es necesaria la inclusión de las personas con capacidades diferentes. “La información es una herramienta fundamental para estar al tanto de los pasos que se han dado hacia la realización de elecciones sin discriminación alguna.
Acompañada por Ruth Eugenia Ruiz, de la Asociación Cosmo Ciudadano, añadió que si bien los esfuerzos se han concentrado en el apoyo a quienes tienen una discapacidad física, también sería útil dar mayor visibilidad a los apoyos adicionales que se tengan ante alguna discapacidad intelectual”.
Para Guillermo Hernández Martínez, de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad no se trata sólo de colocar rampas en las casillas o diseñar mamparas especiales para los electores con alguna discapacidad visual.
“La accesibilidad no es sólo arquitectónica, sino de información, comunicaciones y cómo desplazarse. Un voto de una persona con discapacidad en realidad representa entre ocho y 10 votos debido al respaldo de su familia, por eso es bien importante que se desarrollen acciones para este colectivo”.
En la recién publicada Guía de Acción Pública sobre Elecciones sin Discriminación, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) advierte que aun cuando el principio de no discriminación encabeza los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales, en las sociedades democráticas siguen presentándose situaciones de trato desigual y casos de exclusión política.
“Un número significativo de ciudadanos enfrentan obstáculos para incidir en las decisiones políticas de las comunidades que forman parte y ejercer sus derechos políticos como manifestación integral de los derechos humanos: personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial; adultas mayores; con problemas de salud; mujeres embarazadas; personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis o intersexuales (Lgbttti); analfabetas; indígenas o afrodescendientes, son grupos susceptibles de padecer actos discriminatorios durante los procesos electorales”
Para el Conapred, “otro ámbito de preocupación es el relativo a la participación política de los grupos históricamente discriminados. La mejor manera de garantizar su representación en la agenda pública nacional es permitiendo que ocupen cargos de elección popular; no obstante, tal como opera el sistema electoral en nuestro país, la posibilidad de que todos los grupos participen se ve disminuida, incluso en el caso de las mujeres, a pesar del sistema de cuotas”.
Al respecto Regina Santiago comentó que impulsarán en redes sociales la campaña #YoVotoPorLaInclusión a favor de la población con discapacidad a fin de visibilizar los derechos electorales de las personas con discapacidad.
