La falta de claridad en los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto, cuando fallecieron tres policías estatales y cinco presuntos asaltantes fueron encontrados muertos con el tiro de gracia en sus cabezas, presume un crimen de Estado del cual el gobernador perredista, Arturo Núñez Jiménez, sería cómplice.
A menos de una semana de la matanza de policías y asaltantes, las autoridades estatales no han mostrado ninguna evidencia en video que sustente su versión “oficial” de los hechos, en los cuales aseguran que tras la persecución de una banda de asaltantes, murieron en el cumplimiento de su deber tres policías estatales, y un agente de Tránsito resultó herido.
La versión “oficial” señala que dos de los policías caídos, intentaron detener a los presuntos asaltantes que iban a bordo de un automóvil rojo en la glorieta del monumento a Sánchez Magallanes, ubicada en el crucero de avenida Ruiz Cortines y Paseo Usumacinta; sin embargo, testigos aseguran no haber visto ningún vehículo rojo en la escena del crimen.
Actores políticos como Lorena Beaurregard de los Santos, y el periodista Armando Arturo Guzmán, coinciden en que la mejor manera de esclarecer los hechos de ese día es a través del multimencionado sistema de cámaras de vigilancia que se instaló en comercios, negocios y semáforos de las principales avenidas de la ciudad.
Sin embargo, a la fecha no hay indicios de los videos, los cuales estarán vigentes solo 15 días luego de su grabación, ya que el sistema por sí solo los borra para darle espacio a las siguientes grabaciones.
Dichos videos podrían esclarecer la muerte de los policías estatales, si fueron o no a manos de los ocupantes del vehículo rojo, o si fue por fuego cruzado ante la falta de coordinación de las propias autoridades involucradas, ya que había policías estatales, municipales, ministeriales y federales en el lugar.
Lo que sí es evidente es el silencio por parte del gobierno perredista de Arturo Núñez sobre estos crímenes, ya que además de los policías asesinados, dos de los cinco asaltantes fueron capturados con vida como se ven en fotografías que circularon en redes sociales, y al poco tiempo aparecieron muertos y con el tiro de gracia.
No sería la primera vez que en un gobierno del PRD las autoridades hagan justicia por su cuenta a los detenidos; el caso más escandaloso es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local.
En Tabasco no se trata de estudiantes, pero sí de cinco personas que fueron enjuiciadas y sentenciadas a la pena de muerte por policías estatales, sin presentarse el debido proceso, y ante estos hechos el gobernador Arturo Núñez prefiere callar, sin recurrir a los videos de vigilancia de ese día, con lo cual se vuelve cómplice de este crimen que indigna a la sociedad.
