Por medio de un comunicado, la Casa del Migrante Saltillo describió el brutal operativo y llamó a poner un alto a la "crueldad institucional" que, aseguran, "está cobrando vidas".
Ciudad de México, 1 de agosto de 2019.- La política migratoria impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por más que busque matizarla con un discurso de respeto a los derechos humanos, sigue mostrando su rostro más duro. En esta ocasión, fue una familia de El Salvador la que ha quedado rota por balas del Estado mexicano.
De acuerdo con el comunicado difundido este miércoles por la Casa del Migrante de Saltillo, el pasado 30 de julio un grupo de diez personas migrantes partieron del refugio ubicado en el estado de Coahuila, con la determinación de continuar su camino hacia Estados Unidos. En el grupo, señala la Casa del Migrante, viajaban familias con niños y adolescentes.
Hacia la noche, detallaron, el grupo fue emboscado por un operativo en el que participaron agentes del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Federal y de la Fiscalía del Estado. Denunciaron la violencia con la que se llevaron a cabo las detenciones y la separación de una madre de su hijo de dos años de edad.
Lo más brutal de la noche, sin embargo, ocurrió cuando "un padre salvadoreño [...] corrió al lado de su hija de 8 años, quien presenció cómo cayó asesinado por elementos de la Fiscalía de Coahuila", narra el comunicado.
Hasta el momento, la Fiscalía General ha confirmado que elementos de la policía fueron responsables de este crimen que, sin embargo, buscan ocultar asegurando que los migrantes "iban armados". Esta versión ya ha sido cuestionada por la Casa del Migrante, cuyo director, citado por el diario Milenio, informó que el migrante asesinado había pasado una semana en el albergue y que no tenía recursos. "Ahora dicen que él les disparó...", señala.
El gobierno del priista Miguel Ángel Ramírez Riquelme, quien el mismo 30 de julio había entregado reconocimientos a las Fuerzas de Seguridad del estado "por sus labores por el bienestar de la sociedad", ha mantenido una posición de mano dura contra los migrantes. A principio de año declaró que su administración "no permitiría el paso de más migrantes a Coahuila" y, tras virar el discurso y asegurar que su gobierno "atiende y orienta a los migrantes", endureció la vigilancia en la región. Una ruta que, en los hechos, empata con la política antiinmigrante a nivel federal.
Con información de La Izquierda Diario.
