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| Paulo Díez y Pedro Topete Vargas usaron "carrusel financiero" para evadir impuestos. |
Ciudad de México, 12 abril 2016.- Para no pagar impuestos, empresarios que engañando la buena fe de periodistas como Carmen Aristegui se autopromueven como “paladines de la honestidad”, han recurrido a fórmulas ilegales para evadir impuestos; la Secretaria de Hacienda (SHCP) lo sabe y no hace nada contra ellos, porque hasta hace poco eran parte de la mafia del poder a la que ahora critican.
De acuerdo con un reporte interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP, la forma más común de encontrar una salida para no pagar contribuciones al Estado, es el llamado “carrusel financiero”, un esquema en el que más de dos empresas constituidas formalmente se ponen de acuerdo para diseñar este sistema de evasión, a través de la simulación de operaciones inexistentes.
Por un lado, destaca la dependencia federal, una empresa emisora de comprobantes fiscales, factura una supuesta enajenación de mercancías, bienes o servicios y, por otro, la empresa beneficiaria del esquema, supuestamente compra el servicio o recibe los bienes.
Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, detrás de ella hay una operación inexistente o simulada, pues la empresa que facturó no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como si no tuviéramos suficiente con los grandes consorcios empresariales que en México no pagan sus impuestos, como retribución por apoyar las campañas políticas de los partidos en el poder, también los medianos empresarios hacen sus fraudes al fisco con elaborados sistemas de evasión.
El informe del SAT señala que en México se han detectado 316 empresas que facturaron millonarias operaciones inexistentes, mediante este sofisticado esquema de evasión fiscal, conocido como “Operación carrusel”, con el cual no pagan impuestos, y en algunos casos a complacencia de la autoridad de un gobierno neoliberal que protege a empresarios corruptos y allegados al sistema.
La Revista IMPACTO, en su edición 3447 del 20 de marzo de 2016, documentó uno de estos casos de defraudación fiscal, el de Pedro Topete Vargas y su socio Paulo Díez Gargarí, quienes usaron un poder notarial falso para venderle a Grupo ICA el contrato de la autopista Ríos de los Remedios-Ecatepec en 2007, por un monto de 20 millones de dólares como pago inicial, y cuyo proceso de compra-venta concluyó en 2012 con la entrega de otros mil millones de pesos al par de vivales.
“Una vez pagados los primeros anticipos se procedió a realizar, de manera conjunta, una serie de esquemas en sociedad para mover a diversas empresas parte de los 20 millones de dólares liquidados en la compra-venta, lo que lleva a pensar a accionistas e inversionistas en un posible esquema de defraudación y de despojo”, destaca el reportaje.
Según evidencias en poder de IMPACTO, Pedro Topete y su socio Paulo Díez enviaron a diversas empresas en un proceso financiero donde una empresa paga a otra, y a otra, al menos 5 de los 20 millones de dólares recibidos por ICA como parte de los primeros pagos de la operación. Al final, una empresa de Topete devuelve, presuntamente a ICA, 5 millones de dólares y se queda sólo con el IVA de esa cantidad.
De acuerdo con información del SAT, además de identificar a 316 empresas “facturadoras” de operaciones simuladas, también se detectaron a unos 12 mil contribuyentes que utilizan este tipo de esquemas para disminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR) y para acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de esas facturas lo que, en su caso, puede ser motivo de una devolución.
El impacto fiscal de este esquema de evasión, utilizado por empresas formales en muchos casos creadas con prestanombres, se estima en 30 mil millones de pesos por concepto de ISR y alrededor de 16 mil millones de pesos por IVA, esto en un periodo acumulado de los últimos cinco años, suficiente dinero para destinarlo a combatir la pobreza y no solo simularlo como hace este gobierno farsante.
El SAT ha encontrado hasta 56 niveles detrás de una “facturadora” pues para dispersar la operación, se pone de acuerdo con otra empresa para simular una operación y ésta, a su vez, transmite el pago de la contraprestación a otra empresa, ésta hace lo mismo con otra y, así, hasta formar una enorme “telaraña” de complicidades.
Se le llama “Operación carrusel” porque va de una empresa otra, hasta que al final la última empresa regresa el recurso a la primera empresa o alguno de sus socios, que es exactamente lo que Pedro Topete hizo para sacarle dinero a Grupo ICA, y sin que hasta la fecha la Secretaría de Hacienda lo haya sancionado.
